El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha alertado sobre el creciente gasto en pensiones contributivas y no contributivas en México, advirtiendo que podría alcanzar hasta el 7.8% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030, si se aprueban las iniciativas de reformas constitucionales y se implementan las propuestas para la siguiente administración.
Según las proyecciones del CIEP, sin contemplar las modificaciones actualmente en discusión en el Congreso, el gasto en pensiones podría llegar al 7.1% del PIB en 2030. Estas cifras plantean un riesgo considerable para la sostenibilidad de las finanzas públicas, advierte el Centro.
En su informe «Financiamiento de las pensiones. Escenarios sobre su carga fiscal a 2030», el CIEP destaca que el sistema de pensiones en México se encuentra en un estado fragmentado, generando desigualdad, opacidad e insostenibilidad. Con al menos siete instituciones otorgando pensiones a nivel federal y sin claridad sobre el número de subsistemas a nivel estatal y municipal, calcular el pasivo pensionario para los próximos años se vuelve «una tarea difícil».
El gasto en pensiones contributivas y no contributivas ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, siendo el doble de lo destinado al sistema de salud universal, según datos del CIEP del año 2023. El aumento del gasto en pensiones contributivas fue del 41% entre 2018 y 2024, mientras que para la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM) fue de 879% en el mismo período.
El informe resalta que más de la mitad de las personas que trabajan lo hacen en el sector informal, reduciendo sus probabilidades de acceder a una pensión contributiva. Programas como las pensiones del bienestar brindan cierto grado de seguridad económica en la vida adulta mayor, pero su crecimiento plantea desafíos adicionales en términos de financiamiento.
Respecto a las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo en 2024, el CIEP señala que, aunque ofrecen ciertas garantías, como una tasa de reemplazo del 100% del último salario, falta un análisis detallado sobre su sostenibilidad a largo plazo. Además, las propuestas para la siguiente administración, como ampliar las pensiones del bienestar a todas las personas adultas mayores a partir de los 60 años, carecen de estimaciones presupuestarias y fuentes de financiamiento claras.
El CIEP advierte que el crecimiento del gasto en pensiones podría tener implicaciones graves en la sostenibilidad del gasto público, especialmente si no se implementan medidas para aumentar los ingresos. Con proyecciones de ingresos públicos a la baja, el financiamiento de otros derechos fundamentales como la salud y la educación podría verse comprometido.
