La maratónica discusión en San Lázaro concluyó con la aprobación del presupuesto, pero no sin enfrentamientos y tensiones entre los legisladores. Durante el proceso, se presentaron más de 3 mil reservas, de las cuales solo se aprobaron tres. Una de estas reservas implicó quitar 500 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal, que ya tenía un recorte de 5,375 millones de pesos, para asignarlos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Otra modificación destacada incluyó un artículo transitorio para etiquetar los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos extinguidos del Poder Judicial de la Federación, destinándolos para los proyectos en Acapulco. A pesar de una suspensión otorgada por una jueza para evitar que esos recursos se transfieran a la Tesorería de la Federación, los legisladores aprobaron la medida.
Además, se aprobó una reserva que establece que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Pueblos Indígenas y Afroamericanos de la Cámara de Diputados, podrán integrar un grupo de trabajo para analizar y dar seguimiento al ejercicio del presupuesto destinado al Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Durante la discusión, se registraron enfrentamientos entre legisladores, especialmente en relación con la asignación de recursos a Acapulco. Uno de los conflictos surgió cuando los marcelistas presentaron una reserva para destinar al menos el 15% de los ingresos excedentes petroleros del ejercicio 2024 a la atención y recuperación en Guerrero y los municipios afectados por el huracán Otis.
