El gobierno de México anunció que no aceptará repatriaciones de migrantes desde el estado de Texas, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos avalara la entrada en vigor de la ley SB4, la cual permite detener y expulsar a migrantes irregulares en esa región estadounidense.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó que «México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas».
La cancillería mexicana acusó que la ley SB4 pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante.
«México cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial», señaló el comunicado.
Por su parte, la Casa Blanca de Estados Unidos también se pronunció en contra de la ley SB4, tachándola de «dañina e inconstitucional».
«Estamos fundamentalmente en desacuerdo con la orden de la Corte Suprema que permite que la ley dañina e inconstitucional de Texas entre en vigor. SB4 no sólo hará que las comunidades de Texas sean menos seguras, sino que también sobrecargará a las fuerzas del orden y sembrará caos y confusión en nuestra frontera sur», expresó el gobierno estadounidense.
Además, acusó a «funcionarios republicanos» de «politizar la frontera mientras bloquean soluciones reales», pidiendo al Congreso aprobar un «acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza».
Tanto México como Estados Unidos coincidieron en reprobar la entrada en vigor de la ley SB4 de Texas, que genera preocupación por sus posibles implicaciones en materia de derechos humanos y separación de familias migrantes.
