Este martes se presentó una iniciativa en Durango para reformar las leyes locales y sancionar la comercialización, distribución y uso de vapeadores y cigarros electrónicos. La diputada Sandra Amaya destacó los riesgos de estos productos, que, a pesar de ser promovidos como alternativas al tabaco, causan adicción y graves problemas de salud.
La propuesta busca armonizar la legislación local con la reforma federal de 2022, que prohibió la venta de estos productos en México. Además, se plantea incorporar sanciones en el Código Penal, con penas de prisión de dos a ocho años y multas de hasta 576 veces la UMA para quienes faciliten el acceso de vapeadores a menores de edad.
