El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reavivado su enfrentamiento con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de una resolución que limita su capacidad para referirse a la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. En su conferencia matutina, AMLO acusó a los magistrados del TEPJF de «mentir, calumniar y actuar de manera falsa» al atribuirle expresiones que asegura nunca realizó.
La decisión del tribunal electoral provocó la reacción del mandatario, quien insistió en que la aspirante Xóchitl Gálvez fue impuesta por un grupo de poder encabezado por Claudio X. González. Además, López Obrador expresó su descontento ante la medida de baja de cuatro de sus conferencias matutinas, conocidas como «mañaneras», en las que abordó temas relacionados con la candidata en cuestión.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) también se sumó a la polémica al acatar la sentencia del TEPJF referente a presunta violencia política contra las mujeres en razón de género. Como resultado, el INE emitió tres medidas cautelares contra el presidente López Obrador.
Esta confrontación entre el Ejecutivo y las instancias electorales ha generado debates en la sociedad mexicana. Mientras algunos respaldan la decisión del tribunal y la intervención del INE como garantía de equidad y respeto en el proceso político, otros argumentan que estas medidas limitan la libertad de expresión del presidente y plantean interrogantes sobre los límites de su participación en la esfera política.
El episodio ha dejado en claro las tensiones existentes en el entorno político y electoral de México, así como la importancia de mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a las reglas electorales. La relación entre el presidente y las instituciones electorales continúa siendo objeto de atención y análisis en el país.
