En un desafortunado suceso que conmocionó al ámbito político y social de México, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, fue asesinada este lunes, pese a que su partido había solicitado protección para ella desde principios de marzo. Mario Delgado, líder nacional de Morena, expresó su consternación y exigencia de justicia tras el hecho, señalando la falta de respuesta gubernamental ante las claras peticiones de seguridad.
Las solicitudes formales de protección se remontan al 8 de marzo, cuando un representante de Morena en Guanajuato apeló al Instituto Nacional Electoral (INE) para salvaguardar la integridad de Gaytán Gutiérrez. Esta petición fue seguida por otra el 11 de marzo, dirigida al secretario de Gobierno del Estado, Jesús Oviedo, pidiendo seguridad para los candidatos de Morena en la región. Según el documento emitido por el partido, la protección estaba programada para iniciar el 29 de marzo y extenderse hasta el 3 de junio de 2024, cubriendo el periodo crítico de campañas y elecciones.
Delgado compartió en redes sociales la comunicación enviada por Jesús Manuel Ramírez Garibay, secretario general de Morena en Guanajuato, al INE, donde se subraya la alta incidencia de crímenes en el estado, que lidera las estadísticas nacionales en homicidios, feminicidios, y delitos de alto impacto. La carta apela a la intervención de la Mesa de Seguridad Interinstitucional, coordinada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, solicitando el apoyo de la Sedena, Semar y Guardia Nacional para proteger a los candidatos de Morena.
Este caso subraya las tensiones y los riesgos inherentes al proceso electoral en áreas de alta criminalidad. El asesinato de Gaytán Gutiérrez no solo representa una tragedia personal y política, sino que también resalta la crítica necesidad de garantizar la seguridad de los candidatos en campaña. La comunidad de Morena y la sociedad en general quedan a la espera de respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades estatales y federales para prevenir futuros actos de violencia que atenten contra la democracia y la paz social.
