Desde finales de 2023 hasta lo que va del 2024, México ha sido testigo de una ola de violencia que ha cobrado la vida de al menos 26 políticos y aspirantes a cargos públicos en el contexto del proceso electoral que se desarrolla en el país.
Los reportes indican que estos crímenes han ocurrido en diversas entidades federativas, evidenciando la vulnerabilidad de quienes participan en la vida política. Guerrero y el Estado de México son los estados donde se han registrado la mayor cantidad de casos.
Entre las víctimas se encuentran Tomás Morales Patrón, aspirante a la alcaldía por Morena en Chilapa, Guerrero, quien fue asesinado recientemente afuera de su casa. También se destaca el caso de Timoteo Ruiz Mejía, quinto regidor del PAN en Acambay, Estado de México, quien fue atacado cuando viajaba por la carretera Panamericana.
La violencia ha alcanzado a líderes de diversos partidos políticos y a aspirantes de distintos niveles de gobierno. Desde precandidatos hasta regidores y dirigentes, ninguno parece estar exento de esta grave problemática.
El Gobierno de México ha recibido solicitudes de protección por parte de aspirantes y políticos, entre ellas las de las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum de Morena, Xóchitl Gálvez del PAN-PRI-PRD y Jorge Álvarez Máynez de MC. Sin embargo, la cifra de solicitudes es menor al número de casos reportados, lo que evidencia la magnitud del desafío en materia de seguridad que enfrenta el país.
Estos crímenes han generado conmoción y preocupación en la sociedad mexicana, especialmente en un año en el que se definen más de 20 mil cargos de elección popular, desde la Presidencia de la República hasta puestos locales.
Las autoridades continúan investigando estos lamentables sucesos en busca de esclarecer los motivos y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, la violencia política en México sigue cobrando vidas y generando un clima de incertidumbre en el proceso electoral.
