La propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana, presentada en 2022 por la diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, ha generado incertidumbre sobre su estado actual y su posible entrada en vigor. La iniciativa busca modificar el artículo 123 de la Constitución, estableciendo que por cada cinco días de trabajo, el operario disfrute de dos días de descanso, siguiendo políticas laborales exitosas de países como China y Canadá.
Aprobación en Comisión y Parlamento Abierto El 25 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la reforma con 25 votos a favor y cinco abstenciones del PAN. Sin embargo, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, indicó que no se discutiría en la sesión ordinaria del 26 de abril debido a la falta de consenso y tiempo.
En octubre, se integró una Comisión para organizar parlamentos abiertos sobre la reforma. Durante los foros, representantes sindicales y patronales señalaron puntos negativos y sugirieron incentivos para empresas, límites en jornadas especiales y revisión de salarios.
Proceso legislativo en curso Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política en Diputados, explicó que la reforma no será aprobada ni entrará en vigor en 2023 debido a su complejo proceso legislativo. Después de ser aprobada en Diputados, el Senado y al menos 17 Congresos locales deben dar su aval para su entrada en vigor como reforma constitucional. La discusión en Diputados está en curso, pero su conversión formal en una reforma constitucional es un proceso a largo plazo.
La incertidumbre persiste sobre cuándo la propuesta podría convertirse en ley y afectar las jornadas laborales en México.
