En un esfuerzo por garantizar un proceso electoral pacífico y seguro, el Gobierno de México ha otorgado protección a un total de 23 candidatos, incluyendo a los tres aspirantes a la presidencia de la República, ante los riesgos de violencia que enfrentan durante las campañas.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó este martes que las solicitudes de protección provienen de los candidatos de las coaliciones «Sigamos Haciendo Historia» (Claudia Sheinbaum), «Fuerza y Corazón» (Xóchitl Gálvez), y el partido Movimiento Ciudadano (Jorge Álvarez Máynez).
Además de los presidenciales, han solicitado protección tres candidatos a gobiernos estatales, siete aspirantes al Senado y 10 aspirantes a diputados. Rodríguez destacó que 19 de las peticiones han sido de la oposición y solo cuatro de partidos aliados del Gobierno.
«Tenemos el compromiso de que el proceso electoral de este 2024 se lleve a cabo de manera pacífica. Esta es nuestra responsabilidad. Por ello, presentamos un plan para que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten cuenten con protección y seguridad,» expresó la funcionaria.
Aunque las campañas oficiales comenzaron el viernes pasado, la consultora Data Int documentó el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, en el que en total han matado a 76 personas «potencialmente vinculadas al proceso».
Para tener protección, los candidatos deben solicitarlo al Instituto Nacional Electoral (INE), que turna la petición a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional. Dependiendo del nivel de riesgo, los candidatos reciben escoltas y vehículos para su seguridad.
Rodríguez insistió en que «el Gobierno de México está pendiente de las solicitudes para que sean inmediatamente atendidas y todo el proceso se lleve a cabo de manera pacífica».
La funcionaria también señaló que los gobiernos estatales y municipales tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los candidatos a puestos de elección popular a nivel local.
Este despliegue de medidas busca prevenir y mitigar los riesgos de violencia que han afectado a las campañas electorales en México, con el objetivo de permitir que todos los candidatos puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura y sin intimidaciones.