La consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Norma Beatriz Pulido Corral, informó que cinco casos de violencia política por motivo de genero han sido documentados en el estado de Durango, donde las victimas que laboran en uno de los 39 ayuntamientos, han sido objeto de violaciones a sus derechos por parte de los compañeros de trabajo o los propios presidentes municipales, lo cual refleja el problema de la normalización de la violencia política contra las mujeres y el temor a denunciar por miedo al acoso por parte de las autoridades.
Este caso fue avalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se determinó medidas de protección para la síndica y la inscripción de los responsables en el Registro Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE. Sin embargo, hasta el momento, solo la secretaria del Ayuntamiento y la tesorera de Mapimí han sido registradas.
